El sistema penal utiliza la “peligrosidad” que portan algunos sujetos como pretexto para sostener la imposición de una sentencia o medida de seguridad cuando se ha cometido un delito. Sin embargo, el estado también justifica el encierro, internación o tratamiento compulsorio de los “peligrosos” a quienes se les ha diagnosticado una enfermedad mental.
Dichos encierros o tratamientos son en extremo violentos, incluso contraproducentes para el bienestar de las personas a las que se les aplica.
Es por eso que, tal y como se señala en esta nota periodística, se han formado grupos de personas psiquiatrizadas para denunciar estas prácticas y solicitar un cambio de políticas en la atención a sus “problemas”. Los activistas piden el cese de la restricción con correas, las inmovilizaciones y la sobre medicación, incluso en contextos en donde no existe una patología. En cambio, llaman la atención hacia la aplicación de intervenciones más comunitarias y de menos restricción..
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