Departamento de Sociología y Antropología
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
Hace muchos años la criminología crítica lanzaba una interrogante al día de hoy todavía relevante, ¿quién procesa al Estado y quién procesa al capital? Esta interrogante gravitaba alrededor de la denuncia en torno a cómo las leyes, y el sistema penal en particular, no fue configurado históricamente para contemplar las ejecutorias del Estado y/o del capital. La denuncia también presupone un acoplamiento bastante rígido entre los sistemas económico, político y legal, propio de una fase inicial del trayecto de las sociedades modernas.
No obstante, en el trayecto evolutivo de estas sociedades, se han producido innumerables esfuerzos en la dirección de propiciar el que las grandes corporaciones, por ejemplo, asuman responsabilidad por los daños que sistemáticamente ocasionan.
Este artículo se centra en discutir cómo las familias de nueve víctimas de la masacre perpetrada en la escuela Sandy Hook (Connecticut) en 2012, resolvieron una demanda por $73 millones contra el productor del rifle AR-15 (utilizado en esta masacre), en lo que se entiende es el mayor pago efectuado por un fabricante de armas en un caso de tiroteos masivos en Estados Unidos.
La resolución de este caso (civil) es una buena oportunidad para ponderar cómo, en contextos particulares, el sistema legal puede confrontar irritaciones (en este caso, provenientes del sistema social en su conjunto) las cuales pueden ser registradas por el propio sistema legal como comunicación relevante al tiempo que pueden a propiciar un disloque de las relaciones de fuerza sociales y políticas.
Se plantea que el mismo tiene como efecto un disloque significativo de la industria de armas de fuego porque la demanda gravitó en torno a la ley federal, que protege a las empresas de armas de litigios al argumentar que la comercialización del fabricante del armas había violado la ley de consumidores al promover sus productos de una manera que fomentó el comportamiento ilegal.
“Las familias argumentaron que Remington promovió la venta de armas que apelan a hombres con problemas” como el que asaltó esta escuela primaria “el 14 de diciembre de 2012, matando a 20 estudiantes de primer grado y seis adultos … Las familias exaltaron la forma en que la compañía representaba el rifle de BushMaster de estilo AR-15 como un arma de guerra, con el uso de lemas y colocación de productos en videojuegos que invocaban la violencia de combate.”
La demanda sostuvo que el tema de la hipermasculinidad se expresa en un anuncio con una fotografía del arma y el slogan “Consider your man card reissued” las cuales son particularmente atractivas a hombres jóvenes “con problemas”.
Nótese cómo la demanda entreteje violencia, prácticas consumistas, entendidos psicológicos y psiquiátricos e imaginarios de género junto a lo que se plantea es una violación a la ley de consumidores.
En un movimiento típico de los gobiernos y de las grandes corporaciones, funcionarios de la industria de armas indicaron que, en la medida en que la compañía Remington Arms Co. se encuentra en bancarrota, la decisión de “resolver” este caso no fue hecha por esta industria en sí. Es decir, la industria no se entiende obligada/implicada. No obstante, desde el lugar de observación de todos los que nos oponemos a la existencia de esta industria, este caso produce una marca importante tanto en el ámbito jurídico como
en el de las luchas sociales y políticas.
Enlace: https://www.nytimes.com/2022/02/15/nyregion/sandy-hook-families-
settlement.html
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