Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Sociología y Antropología Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

En el 2016 subí un video en el eje investigativo “Ingobernabilidad y espacio urbano” del Observatorio titulado “Anaranjado sigue siendo el nuevo negro”. En aquél momento problematizaba el confinamiento masivo de afroamericanos en tanto expresión de la nueva esclavitud en Estados Unidos. La discusión estaba referida a cómo “mientras en el estado de Colorado el cannabis es uno de los negocios de mayor crecimiento en manos de los blancos, en Louisiana los afroamericanos y latinos siguen siendo sentenciados por cargos vinculados al negocio, casi un 80 porciento por consumo de drogas, y si una persona ha sido convicto por algún delito vinculado a las drogas no podrá poner luego ningún negocio de venta de cannabis…”

En el presente artículo esta política racista y discriminatoria se sigue reproduciendo, ahora en la presencia de una industria del cannabis que ya reporta unos 9 billones de dólares en ganancias.

“In places like this (San Francisco), weed is chic. But just a few freeway exits away, in largely black and Latino neighborhoods where cannabis was aggressively policed for decades, people saddled with criminal convictions for possessing or selling the plant still fight to clear criminal records standing in the way of basic necessities”

De un lado, la legalización del cannabis en diversidad de estados expresa la relatividad (histórica) de los procesos de criminalización y de los imaginarios de lo que constituye daño o amenazas a la salud. De otro lado, ¿qué hacer con todas esas vidas de jóvenes tronchadas por la criminalización, sobretodo una vez se ha reconocido que la misma ha operado para la desventaja absoluta de las poblaciones afroamericana e hispana en Estados Unidos?

La propuesta del autor del artículo gravita alrededor del concepto de reparación. Este concepto, utilizado en situaciones de víctimas de violencia extrema, aparece casi como un reconocimiento de la violencia extrema perpetrada por la histórica guerra contra las drogas. Se propone reparar (si bien se trata de algo irreparable) los estragos de esta guerra para con la población afroamericana y latina en Estados Unidos acelerando el proceso de borrar esos antecedentes penales (los cuales afectan el acceso a vivienda, empleo, el ejercicio o adquisición de la ciudadanía y el derecho al voto, entre otros), reducir el tiempo de las convicciones, ubicar a todos esos sectores afectados en primera fila cuando se trate de montar un negocio de cannabis, constituirlos en los primeros beneficiarios de los ingresos producidos por la industria del cannabis o bien tener la prioridad para ser contratados por ésta.

Evidentemente hay complejidad a la hora de elaborar esas medidas pero sería un paso importante desde el horizonte de la justicia restaurativa.