Aportación de la Dra. Iris Rosario

28 de septiembre de 2023

Recientemente, el Senado de Puerto Rico votó a favor del Proyecto del Senado 738. Este Proyecto permitiría que el delito de perjurio sea imprescriptible cuando resulte en la condena penal de una persona que no es responsable de los hechos por los cuales se le acusó y extingue una condena. Es decir, con el proyecto se habilita el que una persona pueda ser procesada por el delito de perjurio en cualquier momento, aunque haya transcurrido un periodo de treinta o cuarenta años. ¿El fundamento del legislador para ello? Con la imprescriptibilidad de dicho delito, las personas no mentirán y, por tanto, no habrá condenas erradas.

El Proyecto de ADN Post Sentencia, adscrito a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, se opuso a este proyecto mediante una ponencia en cuyo contenido se contextualizaron las causas de un problema que tiene sus raíces en la corrupción por parte de las autoridades policiacas y del Ministerio Público.

Primeramente, la ponencia destaca el hecho de que los legisladores todavía actúen bajo la falsa creencia de que la amenaza de un castigo disuade a las personas de no incurrir en conductas calificadas como delictivas. Además, reseña el porcentaje de exoneraciones acontecidas, precisamente, por la retractación que un testigo ha hecho de su testimonio perjuro. Es ahí donde se denuncia lo contraproducente del medio propuesto por el legislador -imprescriptibilidad del delito- con relación al fin que persigue- la ocurrencia de condenas erradas. Finalmente, se apunta en la ponencia al doble juego que se realiza desde un estado que, por un lado, fomenta el perjurio no solo a través de legislación que crea incentivos para mentir bajo juramento y la legitimación de mecanismos investigativos coercitivos que propenden a la fabricación de testimonios, sino también mediante la adopción de mecanismos que hacen extremadamente difícil evidenciar en un procedimiento postsentencia que un o una ciudadana no es responsable de un hecho delictivo por el cual extingue una sentencia.

Esta legislación ilustra las dinámicas en donde las autoridades, a través de la expansión del estado penal, crean las condiciones para facilitar el encarcelamiento de algunas personas, mientras por el otro, usan la amenaza del castigo para poner un parche en un problema que ellos mismos han creado y en el camino, obtener rédito electoral.