Departamento de Sociología y Antropología
​Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Los últimos tres o cuatro años se han caracterizado por una avalancha de artículos en prensa y en
las redes sociales demandando el fin de la guerra contra las drogas. El debate en torno a la
problematica policial y el movimiento black lives matter en Estados Unidos ha irradiado también
las comunicaciones sociales que gravitan alrededor de este reclamo.

Este artículo se suma a esa infinidad de voces atendiendo la serie de asuntos que contempla su
título: la seguridad de las comunidades requiere darle fin a esta guerra porque la misma desborda
la propia criminalización de las drogas, los encarcelamientos masivos y las muertes.

La posesión de drogas continúa siendo la ofensa por la que más personas son arrestadas y
encarceladas en Estados Unidos. La guerra contra las drogas es una guerra contra la gente. En el
año 2019 solamente 1.35 millones de personas fueron arrestadas en su mayoría por posesión y la
política contra las drogas continúa siendo la racional más utilizada por la policía a la hora de
intervenir con los sectores en mayor vulnerabilidad económica y social. En Puerto Rico, al
menos el 50% de los delitos están asociados a las drogas.

Pero esta guerra desborda el aparato de justicia criminal en la medida en que incrementa la
inseguridad en las comunidades separando familias, deportando, inundando las comunidades de
policías armados, impidiendo que las personas puedan encontrar donde emplearse,
obstaculizando la obtención de derechos y beneficios sociales como lo son la vivienda y los
servicios de consumo colectivo, entre otros.

Como es planteado por el proyecto Reimaginar la seguridad, descansar en la policía a la hora de
atender la seguridad de las comunidades imposibilita reimaginar e invertir recursos en aquellas
comunidades mas afectadas por el sin sentido de esta guerra.