9 de febrero de 2026
Por muchos años en Puerto Rico la frase discursiva “conflictos de colindancia” se utilizó al calor del proyecto de modernización de la isla, la construcción de urbanizaciones y de las verjas que las personas edificaban para delimitar el terrero donde estaba su casa respecto de la de su vecino. Esos conflictos de colindancia a veces adquirían proporciones que podríamos considerar absurdas como lo era la típica discusión entre vecinos por la colocación de los bloques de cemento (una pulgada mas allá o más acá) de donde la empresa constructora hubiese trazado la línea de colindancia.
Hoy por hoy podríamos decir que la frase “conflictos de colindancia” se ha convertido en una metáfora del trámite de la violencia social en Puerto Rico. Diría que Puerto Rico atraviesa por un gran conflicto de colindancia por la virulencia con que la gente afronta desde los conflictos más banales hasta las grandes cosas. Pero también por la forma en que, desde diversidad de instancias (programas de radio, televisivos y redes sociales, por ejemplo) somos incitados a desbordarnos enjuiciadoramente y a condenar mediáticamente la vida y los actos de otros. Como he denunciado insistentemente, a través de los años, de un sistema fundamentado en la presunción de inocencia hemos pasado a un sistema fundamentado en la presunción de la culpabilidad. Las personas son condenadas a priori, esto es, previo a que su caso se vea en los tribunales de primera instancia. No hay nadie en Puerto Rico que no sepa esto.
Hace años, cobró notoriedad el caso de una pareja en el que la madre de la mujer en cuestión era su vecina y la pareja la mató alegando “conflictos de colindancia”. Hace ya años que sabemos que las rencillas familiares y vecinales constituyen un porciento considerable del problema de la violencia local (siendo, como sabemos, las cuestiones de género y el negocio del narcotráfico los otros asuntos centrales).
La tragedia ocurrida en el pueblo de Yauco, que resultó en la muerte del señor Roberto Viqueira Ríos, es igualmente un buen ejemplo de una creciente, y cada vez más preocupante, virulencia social que echa mano de las pulsiones mas destructivas como si (y digo “como si”) no supiéramos o no fuésemos capaces de manejar los conflictos con la eticidad que corresponde (esto es, en el respeto profundo de la diferencia que encarna el otro).
Este panorama terrible se sostiene también de la manera en que se enraíza en Puerto Rico la cultura de las armas. Hay un poema de García Lorca que dice “yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba…” Pues bien, diría que no podemos lamentarnos y rasgarnos las vestiduras si, por otro lado, seguimos considerando legal y legítimo que la gente dirima sus conflictos con una pistola en mano.
La llamada doctrina del Castillo, “principio legal … que permite a las personas usar fuerza razonable, incluyendo fuerza letal, para defenderse contra intrusos dentro de su hogar sin la obligación de retirarse” no es otra cosa que un permiso para matar (otorgado por el Estado mismo), que se instala en la mentalidad de “disparo primero y después pregunto”. Invocar este principio en Puerto Rico expresa el ahondamiento de la cultura de armas que, de manera tan devastadora, se ha afianzado en Estados Unidos. Frente a eso yo diría, podemos y debemos hacerlo mejor. Las armas forman parte del problema y no de la solución.
Se hace urgente el que como sociedad reconozcamos esto al igual que urge abandonar el furor punitivo (que no le devuelve la vida a nadie) que nos erosiona como sociedad y que no nos permite producir soluciones de mayor conciliación social y personal. Todo estudioso de las ciencias humanas y sociales sabe que la humanidad es un proyecto que construimos juntos pero la continuación de este proyecto solo será posible con el abandono inmediato de la cultura de las armas, la cultura del castigo y la virulencia contra el otro.
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