16 de noviembre de 2024
Una riqueza que no regresa a la gente
Madeline Román
La serie de ensayos y documentos destacados en esta entrada gravitan alrededor del tema de la justicia fiscal los cuales abordo desde el referente de la violencia de la economía.
La violencia de la economía-imbricada a la violencia de Estado- se expresa al interior del panorama fiscal local. Fue Carlos Marx quien dijo en su libro Critica al Programa de Gotha que, si bien el sujeto trabajador tendría que recibir el fruto integro de su trabajo, es necesario separar una parte de ese fruto para sostener la condición del trabajo mismo que es la sociedad. Aún así, la expectativa entonces es que esa parte extraída del fruto del trabajo (ahora fruto parcial) le sea devuelta al trabajador o bien a la sociedad en su conjunto en la forma de capital cultural, infraestructura y servicios de todo tipo. Y sin embargo, es justo allí, en el propio proceso tributario, donde también se reproducen las desigualdades toda vez que, paradojal y proporcionalmente, son las clases no poseedoras quienes se ven obligadas a pagar más. Al presente, a este reconocimiento habría que sumarle otros niveles de complejidad. Diversidad de entidades globales han descrito a Puerto Rico como un paraíso fiscal. Para éstas “un paraíso fiscal es una jurisdicción de bajos impuestos hacia donde las empresas multinacionales (en nuestro caso principalmente de Estados Unidos) transfieren ganancias artificialmente mediante mecanismos permitidos legalmente desde los lugares donde desarrollan su verdadera actividad económica” (Wolf, 2021, parr. 7) .
En informe producido por Espacios abiertos (2024), se plantea que la tasa contributiva actual de esas corporaciones en Puerto Rico oscila en un 2.43% . Este porciento es literalmente una obscenidad comparado con el porciento de tributación de las personas en su carácter singular. Es decir, aquello que históricamente se nos ha representado como un asunto central para el desarrollo económico- el beneficio de las exenciones contributivas de las corporaciones que se radican en Puerto Rico- supone, paradojalmente, la producción de una sobreganancia y una riqueza que no regresa ni le es devuelta a la gente. Cabe señalar que desde hace algunos años, diversidad de entidades globales que promueven un nuevo sistema impositivo global “han incluido a Puerto Rico en la lista de paraísos fiscales cuya actividad es necesario atajar” por lo que esta situación desborda la relación de Puerto Rico y Estados Unidos (Wolf, 2021, parr.1). La imposición de un 15% de tributación a las corporaciones, aprobada internacionalmente, constituye un desafío que tendríamos que intentar resolver en favor del bien común en Puerto Rico posibilitando que ese aumento en tributación le sea devuelto como una mayor riqueza para la gente. El informe producido por Espacios Abiertos calcula el potencial de ingresos derivados de dicho impuesto mínimo global en unos 3,800 millones de dólares y plantean la necesidad de “tomar acción antes de enero de 2025 para evitar que ese dinero lo reclamen/capturen otras jurisdicciones” (página web de Espacios Abiertos). Si este “tomar acción” se concretiza o no está por verse pero el movimiento en pro de la justicia fiscal internacional es una expresión de una transformación en progreso (página web de Alianza Global por la Justicia Fiscal). Este movimiento constituye un esfuerzo por viabilizar el que las políticas fiscales mundiales descansen en la protección de los derechos humanos, en darle el frente a las fuerzas que presionan para mantener bajos impuestos a las grandes corporaciones y combatiendo la evasión contributiva de este sector en particular. Y esto porque se trata de un movimiento que reconoce que lidiar con problema de la desigualdad global requiere de diversidad de políticas redistributivas incluyendo las políticas fiscales.
¿ Es posible implementar en Puerto Rico el Impuesto Minímo Global ?
Carmen Luisa González
Desde hace más de una década la Organización para la Cooperación y Desarollo Internacional (OCDE) ha trabajado en un nuevo sistema contributivo global frente a los retos que representa la globalización y digitalización de la economía. Este nuevo sistema tiene como propósito redistribuir los impuestos que pagan las grandes empresas multinacionales en los países donde tienen negocios por medio de un impuesto minímo global ( IMG) de 15%. La OCDE entiende que el impuesto global lograría aumentar los ingresos fiscales de los países, y a su vez, evitaría que las empresas multinacionales grandes desvíen sus ganancias a otros territorios con impuestos más bajos, los llamados “paraísos fiscales¨ para evadir impuestos.
Como sabemos, Puerto Rico es uno de esos paraísos fiscales. Desde la segunda mitad del siglo XX el gobierno Puerto Rico ha fomentado la inversión económica mediante incentivos fiscales de diferentes tipos. Además, el gobierno federal ha ayudado en ese esfuerzo con políticas contributivas favorables a las empresas norteamericanas como, por ejemplo, la desaparecida Sección 936. La organización Espacios Abiertos estima que si se implementa el impuesto mínimo global en Puerto Rico nuestro fisco recaudaría hasta $3,843.1 millones anuales. Por otra parte, en los artículos de Espacios Abiertos, el Centro por un Nueva Economía, se elaboran muchas preguntas sobre las consecuencias de la implementación de este impuesto en Puerto Rico. Las grandes interrogantes son: ¿ qué otras políticas e incentivos (no fiscales) podría articular el gobierno de Puerto Rico para incentivar la inversión de las multinacionales en el país?, y ¿ qué puede y debe hacer el gobierno de Puerto Rico con los fondos que supuestamente se recaudarían con la implementación del IMG ?
Sin embargo, el tema es mucho más difícil aún. Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos está sujeto a que este adopte la iniciativa y la haga ley. Aunque el gobierno de Biden apoyó en la OCED la iniciativa del impuesto mínimo global de 15%, es el Congreso quien tiene que hacerlo ley. Por lo tanto, el éxito de la iniciativa depende de la situación política en Washington. Hasta ahora, los republicanos en el Congreso se han opuesto contundentemente a la inicitiva del IMG. El año pasado una delegación del Congreso dirigida por el U.S House Committee of Means and Ways se reunió en Paris con el Secretario General de la OCED para manifestar su oposición al IMG. Argumentaron que la iniciativa viola la soberanía fiscal de los Estados Unidos al permitir que burócratas extranjeros decidan su política fiscal, y permite a gobiernos extranjeros ( en especial China ) extraer cientos de billones de dólares de la economía de los Estados Unidos. Trump también ha expresado su oposición por las mismas razones. Definitivamente un impuesto global minímo no es coherente con las ideas de libre mercado y libre competencia que dominan en el Partido Republicano. El triunfo de Trump en las recientes elecciones inicia una era económica de “librecambismo”, y desregulación perversa que promete un futuro de mayor pobreza y desamparo en los Estados Unidos, y por lo tanto en Puerto Rico. Por ejemplo, muchos economistas están de acuerdo que la desregulación en los sectores de energía, salud, finanzas, y tecnología que inicialmente pueden estimular un poco la economía, a largo plazo afectarán los bolsillos y la calidad de vida de los ciudadanos. Además, con Trump la tradición de colaboración y cooperación de los Estados Unidos con el resto del mundo se verá gravemente afectada.
Acceda a los siguientes enlaces:
https://globaltaxjustice.org/noticiaes/por-que-necesitamos-la-convencion-tributaria-en-onu
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