Aportación de la Dra. Madeline Roman

Departamento de Sociología y Antropología, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

26 de febrero de 2024

Cada vez que se suscita un evento extremo y terrible de violencia de género como lo es un asesinato, junto al inmenso dolor que supone para allegados y familiares, es predecible que nos sintamos consternados como sociedad y que deseemos volver a ponderar ¿qué podríamos hacer para erradicar o al menos aminorar esta violencia?

Sin embargo, al calor de estos casos de alta cobertura mediática, tienden a activarse los abordajes punitivos los cuales se nos representan como única solución al problema de la violencia de género. Por abordajes punitivos me refiero a demandas de mayor criminalización, legislaciones más severas e incremento de los encarcelamientos. El abolicionismo penal busca una salida a este estado de cosas.

Urge una reflexión más sosegada sobre la violencia de género en Puerto Rico, y una que, en primer lugar, conceda a que los tribunales están sobrecargados de casos de violencia de género, pero la mayoría de estos casos no son asesinatos. Una reflexión que igualmente nos permita atender a la siguiente interrogante: si los abordajes punitivistas no han podido erradicar ni aminorar el problema de la violencia y la criminalidad en general (el caso del narcotráfico es un buen ejemplo), ¿por qué suponemos que van a poder erradicar la violencia de género?

Es evidente que si queremos contribuir a ir erradicando esta violencia tenemos que desarrollar una disposición a ensayar otras alternativas.

Los abordajes punitivos dominan la escena política, social y criminológica local. Ejemplo de esto es que, cuando una mujer es asesinada y luego la persona que la asesina se suicida, esto produce un sentido de impotencia social generalizado, sobretodo porque ya no es posible descargar en esa persona (“el perpetrador”) toda la responsabilidad por un problema que como sociedad no hemos podido resolver. Esa descarga, ese malestar social, se desplaza entonces a otros sectores o instituciones. En este caso, y principalmente, al poder judicial en su conjunto.

Demandar que el poder judicial en Puerto Rico opere de maneras más atinadas y eficientes en relación a los casos de violencia de género es un reclamo legítimo (como legítimos también lo son demandas similares en un país donde casi ninguna dependencia de gobierno funciona). Sin embargo, habría que reconocer que, órdenes de protección expeditas, fianzas altas o grilletes no van a resolver, ni necesariamente aminorar la violencia de género. Y esto porque, esas medidas son, en cierto sentido, medidas “ex post facto”. Esto es, medidas que se activan luego de que la violencia de género se ha hecho presente y ese es el problema de fondo.

Capitalizar políticamente con propuestas de esta naturaleza cuya intención parecería ser propiciar un falso sentido de seguridad y una gobernabilidad apaciguante es cerrar los ojos ante el desafío que tenemos de frente. Esto es, abrazarnos a la lenta, urgente e inevitable tarea educativa de erradicar el sistema de dominación masculina (el cual es reproducido por hombres y mujeres), la violencia machista, el imaginario del amor moderno centrado en la apropiación y las relaciones de dominio/sujeción que atraviesan todas las dimensiones del mundo social y psíquico contemporáneo. Educar para erradicar la violencia de género es tarea de todos.