Aportación de la Dra. Madeline Román

Departamento de Sociología y Antropología, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

28 de septiembre de 2023

La historia de la censura, prohibición y/o quema de libros es ciertamente larga. La encontramos en los tiempos antes de Cristo y despues de Cristo, en países de claro corte totalitario y también en aquellos que aún se nombran democráticos.

Históricamente, mucha de la quema de libros remitió a racionales religiosas (anti cristianas, anti islámicas, anti semitas), a libros cuestionadores de algún poder poder político y libros considerados inmorales.

Mas recientemente, la prohibición de libros en Estados Unidos parece descansar en un pánico moral que gravita alrededor del entendido de que estos libros resultan ser inapropiados para los niños(as). Esto a pesar del señalamiento recurrente en torno a que, muchas veces, lo que se considera inapropiado para los niños es mas bien una proyección de los temores de los adultos. Nada mas eficaz a la hora de la criminalización que el reclamo de que esta es una demanda en favor del bienestar de los niños.

Según la organización defensora de los derechos a la libertad de expresión y de escritura PEN America, en el ultimo año la prohibición de libros en las escuelas ha aumentando en un 33%, registrándose un total de 3,000 casos en 33 estados de Estados Unidos. En reporte publicado por esta entidad, los libros prohibidos contemplan temas tales como violencia, agresiones sexuales, salud y bienestar, encuentros sexuales entre personajes, personajes no blancos o discusión del tema del racismo y personajes o temas vinculados a la comunidad lgbttq. El porciento mayor de estos casos se ha centrado en aquellos estados en los que existen leyes directamente encaminadas a reforzar penalmente dicha prohibición.

De acuerdo a Jonathan Friedman, Director de Libertad de expresión en PEN America, no es lo mismo que un distrito escolar tenga que lidiar con un grupo de padres que demanden la prohibición de un libro a que exista una ley que estipule que un distrito escolar va a confrontar problemas o que maestros van a ser multados o despedidos si cierta clase de libros son asignados en sus clases.

Como ha sido denunciado, los republicanos y la extrema derecha siguen buscando maneras de adjudicar responsabilidad penal a aquellos que no acaten la prohibición y bibliotecarios y maestros que se oponen han sido hostigados y atacados.

Coincido con Jason Stanley en su señalamiento de que, si bien la prohibición de libros se nos representa como parte de una guerra cultural, la misma es mas una expresión de la deriva autoritaria de Estados Unidos tramitada también (añado) en la incursión del parásito de la moral en el ámbito de lo jurídico. Mientras en una guerra cultural se reconoce la legitimidad de la coexistencia de lecturas y valores diferentes dentro de una comunidad democrática, la criminalización de ideas y educadores no tiene lugar en una democracia. O bien, como fue planteado por la filósofa húngara Agnes Heller en su momento: todo discurso absolutista que reclame representar lo que se entiende es la verdad de un sector social “X” tiene lugar en la democracia. Lo que no tiene lugar en una democracia es el absolutismo absoluto. El absolutismo absoluto conforma las mismas características de cualquier discurso absolutista, sin embargo, le niega a todos los demás discursos absolutistas su legítimo derecho a existir dentro de la democracia.

Como aquí en Puerto Rico hay sectores que se dedican a producir la versión “criolla” de este tipo de tendencias, es evidente que detrás de los detractores de la propuesta de una educación con perspectiva de género, por ejemplo (y otros esfuerzos similares) hay también un otro absolutismo absoluto.