9 de febrero de 2025
Eugenio Raúl Zaffaroni, distinto a otros penalistas y criminólogos, manifiesta que la disciplina de la criminología, como un saber oficial que sirve de fundamento al poder punitivo, encontró su primera base en el Maleus Malleficum de Enrique Kramer y Jacobo Sprenger. Publicado en 1486, el Maleus alegaba que la causa de todo mal eran las mujeres porque el diablo no podía actuar solo y las utilizaba como medio. Este panfleto sirvió de fundamento en la persecución, encierro, tortura y eliminación de las brujas durante los siglos XVI y XVII.
Fernanda Martins, una criminóloga brasilera, adopta la tesis de Zaffaroni para explicar las razones por las cuales, aun siendo feminista, no puede vincularse con las corrientes del feminismo punitivo. Para ella, la primera enemiga del poder punitivo fue la bruja, la hereje. En ese sentido, sostiene que el poder punitivo, desde su surgimiento es patriarcal.
Martins encuentra apoyo para su postura en la obra de Silvia Federici “Calibán y la bruja”, ya que esta entiende que dicha obra revela que en el proceso de la persecución de las brujas hubo una conexión en torno al control de los cuerpos de las mujeres y las prácticas calificadas como heréticas – curanderías, parterías o herbolaria.
¿Cuál fue, sin embargo, el detonante para que se desatara la caza de brujas? Silvia Federici afirma que “[l]a actitud hacia las mujeres heréticas comenzó a cambiar cuando el control de la reproducción de las mujeres empezó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social.” Para 1580, la población de Europa comienza a disminuir. A eso, se suma, de acuerdo con Federici, el descenso poblacional vivido en América como resultado de la colonización. En consecuencia, la economía se contrajo. Por eso, cuando para 1630, ocurre un pico en el descenso poblacional, comienza, según Federici, un régimen del biopoder que provoca una intensificación en la caza de brujas, la prohibición del aborto, la penalización de la anticoncepción y el aumento de las penas del infanticidio. En palabras de Federici, a partir de ese momento: “los úteros se transformaron en territorio político, controlados por los hombres y el Estado: la procreación fue puesta al servicio de la acumulación capitalista”.
Angela Davis también conecta en “Mujeres, raza y clase” el control de los cuerpos de las mujeres esclavas con la abolición de la trata internacional de los esclavos durante el Siglo XIX y las consecuencias económicas que ello provocaría en la industria del algodón; es decir, con el sistema de acumulación. Fue en ese momento, conforme a Davis, “que la clase propietaria de esclavos se vio obligada a depender de la reproducción natural de los cuerpos como método más seguro para reponer e incrementar la población esclava doméstica”.
A pesar de que ha transcurrido un tiempo desde que estas tesis se defendieron, la realidad es que el control de los cuerpos de las mujeres permanece en función de ciertas lógicas políticas y económicas. La intensa lucha política que atravesamos en Puerto Rico por nuestros derechos reproductivos lo evidencia. Adviértase primeramente que la isla vive un descenso poblacional importante, entre otros factores, porque nacen menos niños y niñas. Ese hecho, por su parte, tiene repercusiones en el modelo económico que sostenemos. Como resultado, se recrudecen ciertos discursos que apelan al control de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes con el pretexto de la baja natalidad o con la justificación de la salvación de una vida bajo la amenaza de un procesamiento criminal y una pena de cárcel. Tómese como ejemplo el Proyecto de la Cámara 106 que, sin ponderar las causas por las que una adolescente puede buscar ciertos apoyos fuera de su entorno familiar, criminaliza el acto de “reclutar, albergar y transportar” a una menor de 18 años para “procurar” un aborto farmacológico o quirúrgico sin el consentimiento de sus padres o persona tutora.
En este terrible escenario, se imponen las siguientes preguntas: ¿debemos nosotras cargar sobre nuestros hombros la responsabilidad de sostener un modelo económico que nos instrumentaliza y nos impone la reproducción como condición de existencia? ¿Es ético convertir a una persona en un medio de procreación con independencia de lo que desee en un momento particular de su vida? Antes de utilizar el poder punitivo como una amenaza e incluso justificar una pena adicional por la muerte de una mujer embarazada, ¿no sería una mejor política pública mejorar las condiciones materiales de la infancia, adolescencia y familias que luchan todos los días por una mayor calidad de vida?
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