Aportación de la Dra. Lina M. Torres

Catedrática jubilada Universidad del Sagrado Corazón y Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

28 de agosto de 2023

Hace poco más de tres décadas, la criminóloga estadounidense Christina J. Johns, hizo un interesante análisis sobre los efectos de la llamada “guerra contra las drogas” y su vinculación con la erosión en la protección de derechos civiles y humanos. Sostuvo que:

“El Estado continuamente está diciendo que “el problema de las drogas es un problema serio, es el problema más serio de nuestra sociedad. Que es una amenaza a la seguridad de la nación”. Este discurso genera alarma social, temor e inseguridad en la población. Y es entonces cuando los representantes del Estado advierten que “no es posible proteger los derechos civiles en estos tiempos peligrosos”. Muchos suelen aceptar tal razonamiento (1992).”

En cierto sentido, y de manera similar, se suele utilizar este discurso para desviar la atención de problemas acuciantes como la desigualdad e inequidad sociales y otras manifestaciones de la violencia: institucional, institucionalizada y estructural. Se piensa que la única forma de encarar la criminalidad es a través de medidas punitivas extremas. Si bien es cierto que tales argumentos han sido criticados y desenmascarados por las nuevas corrientes criminológicas y penológicas, todavía existen políticas gubernamentales – propuestas o implantadas – cónsonas con aquellas ideas que abrazan estrategias punitivas y de mano dura que incluyen castigos “ejemplarizantes”. Pero también, existen sectores de la sociedad que denuncian y demandan cambios a estas posturas como revela este reportaje del pasado mes de mayo sobre las políticas que emanan del estado de excepción en El Salvador.